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Alerta por viabilidad del esquema de subsidios de energía en el país

A un panorama oscuro se enfrentan los usuarios de energía y las empresas distribuidoras del servicio una vez termine este año y durante el 2017, por los recursos que todavía no ha destinado el Gobierno para cubrir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, y por los faltantes iniciales que hay en el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para este rubro en el próximo año.

La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) les manifestó su preocupación a los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de Minas y Energía, Germán Arce, y al director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, porque en el PGN del 2016 no se han apropiado todos los recursos necesarios, y en el proyecto del 2017 el monto inicial es muy bajo.

 
 

José Camilo Manzur, presidente del gremio, advirtió que luego de que el año pasado quedara un saldo pendiente por 95.000 millones de pesos para las empresas afiliadas a Asocodis, cifra que hay que sumar al saldo, este año los recursos faltantes cerrarán en unos 344.000 millones de pesos, valor que incluye déficits de períodos anteriores y los efectos en las tarifas que produjo el último fenómeno del Niño, calificado como uno de los más intensos en la historia.

 

Pero, adicionalmente, la preocupación se incrementa al ver los recursos iniciales que tiene proyectados el Gobierno para el 2017, con destino a cubrir la diferencia entre los subsidios que aplican las empresas y las contribuciones que hacen los usuarios de estratos 5 y 6, más los del sector comercial. 

De acuerdo con el directivo, al destinar el Ministerio de Hacienda una partida presupuestal inicial de 491.000 millones de pesos en estos aportes para el 2017, se generaría un saldo en rojo de 1,18 billones de pesos, toda vez que el valor por cubrir está alrededor de los 1,6 billones de pesos.

Lo anterior, porque las necesidades de subsidios para el 2017, en las empresas asociadas en Asocodis, que atienden al 99 por ciento de los usuarios del país, son cercanas a 2,8 billones de pesos y por contribución (lo que aportan los estratos pudientes y el comercio) se recaudan 1,2 billones.

Serios efectos

Manzur sostuvo que no apropiar la totalidad de los recursos puede llevar a incrementos en las tarifas de los usuarios de estratos 1, 2 y 3, y a las empresas distribuidoras les puede representar “verse inmersas en situaciones de inviabilidad financiera e incumplimientos ante el administrador del mercado mayorista de energía por su falta de liquidez”. 

Asocodis recordó que desde hace varios años se le viene manifestando al Ejecutivo la necesidad de analizar y desarrollar alternativas que permitan asegurar la sostenibilidad del esquema de solidaridad de subsidios y contribuciones.

“El esquema actual de subsidios y contribuciones es insostenible fiscalmente en el largo plazo, y por ello desde hace años se viene solicitando la definición e implantación de un esquema que sea autosostenible en el mediano y largo plazo. Por supuesto, cualquier alternativa debe ser gradual para evitar impactos bruscos en los usuarios. Esto debe iniciarse cuanto antes”, agregó.

Los distribuidores de energía calculan que con las cuentas atrasadas y el déficit inicial para el 2017, el faltante acumulado suma 1,5 billones de pesos, monto que jamás se ha visto en Colombia.

Y agregan que, basados en sus estimaciones iniciales, el no apropiar la totalidad del dinero en los PGN del 2016 y del 2017 podría representar a finales del próximo año un incremento máximo acumulado, en las tarifas asociadas al consumo de subsistencia, del 70 por ciento en el estrato 1, del 50 por ciento en el estrato 2 y del 10 por ciento para los usuarios del estrato 3.

Y sin estos ajustes habría inconvenientes en la prestación del servicio, ya que al no tener los recursos suficientes para comprar la energía en el mercado eléctrico, se generarían limitaciones de suministro en muchas empresas.

“Las cifras podrían ser mayores al considerar los recursos necesarios en las zonas no interconectadas, entre otras”, recalcó Manzur.

EL TIEMPO intentó contactar al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para consultarle sobre el tema, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener su respuesta.

No obstante, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, indicó que la discusión del presupuesto apenas comienza y que dichos rubros se ajustarán allí.

Y al consultársele sobre la necesidad imperiosa que tienen las empresas de que se les giren los recursos del 2016 y se les aseguren los del 2017, el funcionario subrayó que hay que tener en cuenta que una cosa es cuándo se causa el subsidio y otra, cuándo se paga.

El peso de la Costa en el déficit

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), alrededor del 42 por ciento del déficit que hay en los subsidios de la energía se genera en la costa Caribe, cuyos 7 departamentos son atendidos por la polémica empresa Electricaribe, que hace parte del grupo español Gas Natural Fenosa y que por la situación que se vive en las condiciones para la prestación del servicio notificó al Gobierno sobre el inicio de una controversia con el Estado.

“Ello, sin duda, agrava la situación de la prestación del servicio en esta zona del país”, resaltó José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.

Según las cuentas del gremio, cerca del 80 por ciento de los usuarios del servicio en el país pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

De este porcentaje total, el 25 por ciento corresponden al estrato 1; el 35 por ciento, al estrato 2, y el 20 por ciento restante, a los usuarios catalogados como de estrato 3. 

Algunas salidas / Algunas salidas

Entre las alternativas para hacer viable el modelo de subsidios, el gremio de los distribuidores ha planteado la revisión de las ayudas que se le dan al estrato 3 (similar a lo que ocurre con el gas), cuyo valor asignado en subsidios para el 2017 sería de 200.000 millones de pesos, equivalentes al 12,5 por ciento del faltante anual.

También agrega que los subsidios deben focalizarse en función del consumo, el ingreso y los niveles de pobreza, así como revisar los consumos de subsistencia según las regiones y analizar la distribución, entre todo el sector eléctrico, del riesgo de la demora en el pago de los subsidios.

 

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